lunes, 1 de agosto de 2016

Ministerio Público acusó a dos colombianos por tráfico de 245 kilogramos de cocaína en Bolívar

El alijo fue detectado el 12 de junio en un camión con destino a San Martín de Turumbán

 

Caracas, 1 de agosto de 2016.- El Ministerio Público acusó a los colombianos Adalberto de Jesús Vergara (47) y Jesús Alberto Ortega (22), además de un adolescente de 17 años de edad, tras ser detenidos el pasado 12 de junio cuando ocultaban 245 kilogramos de cocaína en la parte posterior de un camión que transitaba por la carretera entre Tumeremo y San Martín de Turumbán, en el estado Bolívar.

 

La fiscal 14ª del segundo circuito de la referida jurisdicción, Omaira Calderón, acusó a Vergara y Ortega por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, asociación para delinquir y uso de adolescente para delinquir.

 

Estos delitos están previstos en las leyes orgánicas de Drogas, contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

En el escrito introducido en el Tribunal 1° de Control de Puerto Ordaz, la representante del Ministerio Público solicitó la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento de los extranjeros y que se mantenga la privación de su libertad.

 

Por este caso, también fue acusado un adolescente de 17 años por presuntamente ser cómplice no necesario en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

 

El citado día, los involucrados venían a bordo de un camión marca Chevrolet en las proximidades del punto de control Casa Blanca, en la carretera entre Tumeremo y San Martín de Turumbán.

 

En la requisa, los funcionarios del 512 Batallón de Infantería de Selva del Ejército descubrieron las 245 panelas de cocaína, con idéntico peso, en la parte posterior del camión, lo que ameritó la aprehensión de los dos colombianos y el adolescente.

 

A partir de este momento, quedaron a la disposición del Ministerio Público.

viernes, 17 de junio de 2016

Ministerio Público logró condena para 13 GNB y un civil por sustracción y venta de siete plantas eléctricas de la PGV

Admitieron el hecho durante la audiencia preliminar

Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión 13 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y un civil, tras admitir su responsabilidad  en la sustracción y posterior venta de siete plantas eléctricas, las cuales estaban bajo su custodia en las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en el municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.

El hecho fue denunciado ante las autoridades por un trabajador del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el 04 de marzo de 2016.

Durante la audiencia preliminar, el fiscal 17º de esa jurisdicción, Oscar Álvarez, ratificó la acusación contra los capitanes Edison Aular Cortés y José Padrón Arias, el teniente y el primer teniente José Rapero Pineda y Johander Valera Vargas, respectivamente, por ser coautores en el delito de peculado doloso propio; además de asociación para delinquir agravada.

 Del mismo modo, se les ratificaron los mismos tipos penales a los sargentos kharlos Uanche Moreno, Luis Armas Ledezma, José Rodríguez Romer, Jesús Sánchez González, Tomás Zambrano Amaya, José Fernández Aponte, Ronny Bueñaño Aguilar, César Rodríguez Serrara y Neiro Gutiérrez Rojas, así como para José Luis Ramírez Carpio.

Luego de escuchar la admisión de hechos por parte de todos y tras evaluar los medios de pruebas expuestos por el fiscal del caso, el Tribunal 4º de Control de Guárico, con sede en San Juan de los Morros, dictó la citada sentencia condenatoria contra los 14 hombres.

En este sentido, se mantienen recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la mencionada ciudad guariqueña, hasta tanto un tribunal de ejecución determine con que medidas cumplirán su pena.

Adicionalmente, la referida instancia judicial les acordó la cancelación de una multa correspondiente al monto estimado del daño generado.

El 4 de marzo de 2016, funcionarios del Cicpc fueron notificados de la extracción de siete generadores de corriente (valorados en 525 millones de bolívares) pertenecientes al ministerio penitenciario, los mismos estaban resguardados dentro de un container en el estacionamiento de la PGV.

Ante la situación irregular, el Ministerio Público inició las labores de investigación conjuntamente con efectivos de la policía científica, en las cuales se determinó que los 13 militares con la ayuda de Ramírez Carpio violentaron el contenedor para sacar las plantas que posteriormente fueron vendidas y canjeadas por vehículos.

Por tal motivo, siete días más tarde (11 de marzo), los 13 efectivos castrenses resultaron detenidos en la sede del Destacamento 34º de la GNB, situada en el citado municipio; poco después, fue capturado Ramírez Carpio en un sector de San Juan de los Morros. Todos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Diputado Ávila: El RR se pudiera efectuar el 8-E si el CNE cumple con el reglamento


El diputado a la Asamblea Nacional (MUD), Omar Ávila, manifestó que los puntos para validar las huellas de los electores para activar el Referendo Revocatorio, son insuficientes para la cantidad de firmantes. Igualmente presentó un cronograma para la activación del mismo.

"A pesar de la extensión de los puntos por parte del Poder Electoral, estos siguen siendo el mismo número de máquinas; no podemos conformarnos con migajas, hay que exigir nuestros derechos ciudadanos claramente establecidos en el reglamento, defender a nuestro pueblo y dejarle claro que están violando lo que establece este instrumento que existe desde el año 2007, donde señala que el CNE debe colocar un punto por cada mil firmantes", dijo Ávila.

Señaló que si se cumpliera con el reglamento, pudieran validar sus rúbricas 1.352.000 venezolanos que fueron habilitados para tal fin. Agregó que de la manera como está planteado, cuando mucho, pudieran legalizar el doble de las firmas requeridas, "esto bajo la condición de que cada persona tarde máximo un minuto para hacerlo".

Por citar un ejemplo, el diputado señaló que en el estado Lara, donde colocarán 9 máquinas en los municipios lejanos, validarán un total de 1.300 personas; y en el centro de la ciudad de Barquisimeto, colocaron 10 máquinas donde tienen que validar más de 64.000 larenses; “lo que significa que 12.800 personas tendrían que validar su firmar por día, si esto se divide entre los 10 puntos que colocará el CNE en este estado, las personas tendrían que colocar su huella en 20 segundos”.

De esta manera acotó que es imposible, que con ese número de puntos puedan validar sus firmas más de 400 mil venezolanos. Tomando en consideración que cada uno se tardara un minuto para tal acción.

“El gobierno busca con esto justificar el supuesto fraude del que han venido hablando y que denunciaron en días pasados ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que este, como su brazo ejecutor, pueda suspender el Referendo Revocatorio cuando por falta de tiempo, no puedan validar la mayoría de los venezolanos que firmaron y no precisamente por el supuesto fraude del que habla el régimen”.

Por lo antes expuesto, exhortó al ente electoral que coloque los puntos establecidos de acuerdo al reglamento y a que publique el cronograma oficial para el RR. “Hoy mostré, que si se guían por el reglamento, es posible realizar la consulta popular antes del 10 de enero de 2017”.

Por otro lado, Ávila mostró asombro por el nivel de parcialidad del Poder Electoral al anunciar que los firmantes pueden arrepentirse, sin embargo dejó claro que las personas que estampamos nuestras rúbricas y no aparecemos, no tengamos  derecho a reclamar. "Ha sido un rotundo fracaso para el régimen el intento por obligar a retirar las firmas".

A juicio del también secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, “sin más inventos ni obstáculos en el camino el Referendo debe de realizarse a más tardar el 08 de enero de 2017, si el CNE cumple con el reglamento”.

Luego de la explicación, el diputado Ávila agregó que con voluntad política, el referendo se pudiera efectuar muchísimo antes de la fecha antes mencionada. “No hay justificación técnica para que se tomen los 90 días, convocaron y realizaron una elección presidencial luego de la muerte de Chávez en menos de 40 días y si aplicaran la misma celeridad con la que validaron 8.673 firmas por minuto, en el procedimiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Obama, pudiéramos ahorrarnos prácticamente un mes más”.
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