viernes, 9 de agosto de 2013

Ministerio Público acusó a cinco funcionarios del Cicpc por extorsión a comerciantes en La Vega

El hecho ocurrió el 18 de junio de 2013 


 

(Caracas, 09 de agosto de 2013) El Ministerio Público acusó a cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes presuntamente extorsionaron a dos comerciantes el pasado 18 de junio en la parroquia La Vega, municipio Libertador del Distrito Capital.


Los fiscales 53° nacional y 59° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Jesús Rocha y Franci Ávila, respectivamente, acusaron a Manuel Solano (22) y Víctor Suárez (27, por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de autoría.


Igualmente, fueron acusados Lusnaly Castellanos (22), Raúl Lozano (24) y Oswaldo Sojo (25), por la presunta del mismo delito pero en grado de complicidad.


Adicionalmente, los cinco funcionarios fueron acusados por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones, peculado de uso y asociación.


Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, Código Penal, Ley Contra la Corrupción y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.


En el escrito consignado en el Tribunal 5º de Control del AMC, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento para los cinco efectivos del Cicpc, y que se mantenga la medida privativa de libertad para los cuatros hombres, quienes permanecen en la Penitenciaria General de Venezuela, ubicada en el estado Guárico; mientras que la mujer se encuentra en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en el estado Miranda.


De acuerdo con la investigación, el citado día en horas de la noche, los cinco funcionarios del Cicpc inspeccionaron dos locales comerciales en el mencionado sector, haciéndose pasar por funcionarios de la Comisión Nacional de Casinos.


Seguidamente, dichas personas detectaron que en esos locales funcionaban algunas máquinas traganíqueles, por lo que les habrían solicitado a los comerciantes la cantidad de 6 mil bolívares para no actuar contra ellos.


Sin embargo, en ese momento uno de los comerciantes se acercó a un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la zona, y notificó lo ocurrido.


De inmediato, los efectivos castrenses se trasladaron al lugar y constataron la situación, motivo por el cual los cinco funcionarios fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Publico.

 

Fuente: Ministerio Público

 

 

 


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