miércoles, 15 de diciembre de 2010

Privados de libertad dos ganaderos vinculados con caso de narcofincas en Táchira

 

(Caracas, 15 de diciembre de 2010) Luego de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, fueron privados de libertad dos personas que se escondían bajo la figura de productores agropecuarios en Táchira, para comprar y vender fincas con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas.

 

En la audiencia de presentación, los fiscales 27° y 30° nacional, 2° y 11° del estado Lara, Betsy Andrade, Jhoana Peña, Lucía Anzola y José Fernández, respectivamente, imputaron a Alcides Ocampo Franco y a Ángel Eladio Duque, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

 

El Tribunal 7° de Control de Lara, donde fueron presentados, acogió la calificación fiscal y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de la Región Centro Occidental, conocido como Uribana, hasta que el Ministerio Público presente el acto conclusivo en el lapso correspondiente.

 

Ocampo Franco y Duque eran solicitados desde el mes de septiembre del año 2005, cuando se registraron las primeras detenciones relacionadas con este hecho.

 

En ese año, fueron privados de libertad Sonia Fraile y Adhis Romero, por guardar relación con 3,5 kilos de cocaína que pretendían enviar por una empresa de encomiendas, con destino a Australia.

 

Luego de las detenciones de Fraile y Romero, el Ministerio Público coordinó una serie de allanamientos en el estado Táchira, y logró decomisar en una vivienda otros 3,5 kilos de cocaína, y  la detención de Didier Contreras, Santiago Villegas e Iván Leal, condenados a penas que oscilan entre los 10 y 14 años por el delito de legitimación de capitales.

 

Tras la investigación emprendida por el Ministerio Público, salieron a relucir los nombres de Alcides Ocampo Franco y Angel Eladio Duque, contra quienes pesaba una orden de aprehensión por parte del Tribunal 8° de Control del estado Táchira.

 

No obstante, durante el proceso de investigación, la defensa de este grupo de personas condenadas, solicitó la radicación de la causa, la cual fue acordada por el Tribunal Supremo de Justicia y remitida a la circunscripción judicial penal del estado Lara.

 

Fuente: Ministerio Público

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